SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO EN EL SIGLO XIX

Nuestro periodo republicano en el siglo XIX puede definirse como inestable política y económicamente, reflejándose ello en las diversas medidas económicas, que se fijaron, de las cuales la tributación fue una expresión clara de las contradicciones de la época.

Para desarrollar este tema hemos considerado necesario abordar las características de esta parte de nuestra historia, ubicándonos cronológicamente en las siguientes cuatro etapas:
a) La emancipación.
b) La inestabilidad política y penuria fiscal (1821 - 1845).
c) El auge del guano y la guerra del pacífico (1845 - 1882).
d) La reconstrucción nacional (1882 - 1889).

Además, se hace una breve referencia de la deuda interna y externa que marcó el destino de la gran parte de la recaudación tributaria de cada época. Hemos considerado, también, la administración tributaria, para explicar brevemente qué institución se encargaba de recaudar y cuál fue el destino de los impuestos recaudados. Finalmente, desarrollamos los principales impuestos que afectaron a los ciudadanos de ese entonces.

Cabe señalar que mientras los indígenas tributaron, el Estado se preocupó por darles una legislación y protección, dado que cumplían un rol importante para la naciente República: le proveía de fondos. Los demás habitantes no tuvieron la misma importancia tributaria para el naciente Estado, situación que se agudizó con el boom del guano. La riqueza que generada creó una serie de medidas donde muchos impuestos quedaron derogados. Veamos a continuación el desarrollo de cada uno de estos puntos.

1. Características de la situación económica del Perú.

1.1 Situación Económica del Perú.

a) Emancipación

La crisis social y económica del Perú, al inicio de su etapa republicana, no se debe solamente al proceso de su independencia. El virreinato venía siendo empobrecido por su mala administración y por sus luchas internas. Recordemos que en 1789 Túpac Amaru encabezó su revolución y que Mateo Pumacahua, también se levantó en el año 1814. Con los movimientos independentistas, el Virreinato del Perú se enfrentó, además, con la lucha por mantener sus territorios: primero con Chile, luego el Alto Perú (norte de Argentina) y finalmente en Quito. Esto significó el empleo de ingentes recursos de hombres, dinero y merma de la producción.
Los llamados criollos del virreinato se sintieron amenazados ante la posibilidad de la Independencia y con la idea de defender sus privilegios apoyaron a la causa de la corona, siendo finalmente derrotados y empobrecidos con las sucesivas confiscaciones, los préstamos forzosos y las vicisitudes de la guerra. Como consecuencia de toda esta crisis, gran parte de la administración colonial sobrevivió a los primeros cincuenta años de vida republicana.

Cuentan los historiadores de la época que la virulencia de las confrontaciones, junto con la avaricia de uno y otro bando, convirtieron a todo el territorio en tierra de nadie, donde el más fuerte se apropiaba de diferentes bienes y arrasaba con todos los productos del campo (sembríos y ganados). Por otro lado, las explotaciones de los yacimientos mineros decrecieron al igual que los obrajes. A ello se sumó el atraso tecnológico para este tipo de producción.
La guerra duró cuatro largos años. Entonces, cuando se proclama la Independencia, el Perú ya estaba en un proceso de empobrecimiento, desgastado por las luchas internas. Una de las primeras mediadas económicas que tomó San Martín fue el de anular el comercio exterior; y en el interior, el reclutar soldados, lo cual significó disminuir la mano de obra, arruinando la agricultura, la minería y las industrias.

A ello se suman las diferentes luchas que la naciente República tuvo que afrontar para delimitar su territorio y pagar los gastos ocasionados a los ejércitos de Chile y de la entonces Gran Colombia (Ecuador, Colombia y Venezuela actuales). Además, se iniciaba la deuda externa, producto de un empréstito contraído con Inglaterra, por San Martín.

b) Inestabilidad política y penuria fiscal (1821-1845).
Como hemos señalado, tenemos a la reciente República agobiada con problemas internos y externos: inestabilidad política, que comienza con la guerra de la independencia, la guerra de 1828 con la Gran Colombia, luchas civiles entre Gamarra, Bermúdez, Orbegozo y Salaverry; la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839); el segundo gobierno de Gamarra, conato de guerra con Bolivia; los gobiernos efímeros de Vidal, Vivanco, Elías y Menéndez; hasta 1845 que es elegido Ramón Castilla, quien alcanza estabilidad política. 
Junto con esta sucesión de gobiernos, se suceden también una tras otra, las Cartas Constitucionales. Se inicia con el Estatuto Provisorio en 1822, luego las Constituciones de 1823, 1826, 1828, el Pacto de la Confederación en 1836, y la Constitución de 1839.
Esta inestabilidad política y social tenía como resultado una administración hacendaria y desordenada, por no decir ineficiente, y en muchos casos, corrupta y abusiva. Este mal manejo de la economía pública se acentuó por la poca continuidad de las medidas tomadas y por los constantes cambios legislativos.
Ello hizo que se mantengan leyes y prácticas del coloniaje, siendo principalmente beneficiados los gobiernos locales, que tenían el encargo de recaudar, pero no daban cuenta de ello al gobierno central.

A esto se sumó la deuda externa e interna que afectó gravemente el erario nacional de aquel entonces. No había crédito interno ni externo; se incumplieron las obligaciones fiscales, etc. Esta situación se pudo sanear recién con el guano y el salitre.
En materia tributaria existían sólo las reformas parciales en cuanto a impuestos y aduanas. Pero a pesar de las penurias fiscales de este periodo, el país vivió de sus propios recursos teniendo como un ingreso importante el aportado por la recaudación fiscal. Esta información fue posible por la labor de Larrea y Loredo, quien comienza a dar orden a la tributación todavía incipiente. Con la información que logra reunir, en 1827 hay un primer Presupuesto General de la República elaborado por José Morales Ugalde.

El presupuesto de la República se basaba en los ingresos de la tributación por aduanas y en el aporte indígena, teniendo las demás cargas tributarias menor importancia; este punto lo desarrollaremos más adelante en el acápite sobre el tributo indígena.

c) Auge del guano y del salitre. La crisis económica y financiera. La guerra del Pacífico (1845-1884).

En esta etapa hay que distinguir siete momentos: 1) El primer gobierno de Ramón Castilla (1845-1851); 2) El gobierno de Echenique (1851-1854); 3) El segundo gobierno de Ramón Castilla; 4) Una serie de gobiernos efímeros (1862-1868); 5) El gobierno de Balta (1868-1872); 6) Los gobiernos de Pardo y Prado (1872-1879); y, 7) La guerra con Chile (1879-1884).
Ramón Castilla y su ministro Manuel del Río reorganizan y hacen el saneamiento de la Hacienda Pública. Con Castilla, por primera vez en el país, se presentó ante la cámara legislativa el presupuesto de la nación, para su aprobación. Además, dio cuenta de lo gastado. En este periodo se consolida la deuda pública y se reestablece el crédito interno y externo.


A pesar de todas estas medidas acertadas, comienza con este gobierno el pernicioso sistema de consignaciones (onerosas a los intereses del país) y la irregular forma de cubrir los déficit fiscales con adelantos de dichas consignaciones. Por lo demás, el sistema tributario se redujo a los beneficios del guano, ya que se abolieron los impuestos a los jornaleros (nombre de la antigua contribución de castas) y la tributación indígena.

Durante al gobierno de Echenique (1851-1854) prosperan las finanzas públicas gracias al guano y a la estabilidad política anterior. Pero se acentúa el error del gobierno de Castilla, es decir, se mantiene estacionario el sistema de rentas, aumentan los gastos fiscales y la deuda pública por los adelantos obtenidos con las garantías del guano. Además, se siguió vendiendo el guano bajo el sistema de consignaciones. 

En este gobierno se consolida la deuda interna pero sin la debida exigencia en los requisitos por la comisión designada para reconocer dichas deudas. Esto causa un gran escándalo, se exige las debidas investigaciones, pero no llega a mayores, lo que permitió que Castilla tome el poder por la fuerza de las armas en 1855. Desde entonces y hasta 1858 es Presidente Provisorio. Se convoca a elecciones y es elegido Presidente Constitucional desde 1858 hasta 1862.

En esta época se elabora y entra en vigencia la Constitución de 1856. Por otro lado, se acentúa el empleo del guano, para adelantar préstamos que son gastados de manera arbitraria llegándose al despilfarro. Se suprimió el impuesto al indígena sin reemplazarlos por otros. Además, se liberó a los esclavos y se pagó su manumisión a sus amos (esto sólo se explica desde la bonanza del guano).

En 1862 es elegido presidente San Román, quedando trunco su gobierno a causa de su muerte en 1863. Le sucede el segundo vicepresidente, Diez Canseco, reemplazado por Pezet, su primer vicepresidente. En 1864, se inicia el conflicto con España que se prolongó a lo largo de más de dos años (entre abril de 1864 y mayo de 1866).

Durante este conflicto que finalmente se resolvió a favor del Perú, con el combate del Dos de Mayo, se sucedieron como presidentes Diez Canseco, Pezet y Prado. La situación creada por este conflicto hizo que se firmaran apresuradamente, contratos para la explotación del guano; luego hubo de arrepentirse.

En el gobierno de Balta (1868-1872) destaca la figura de Piérola como ministro de hacienda. En esta etapa se firma el controvertido contrato Dreyfus y se hacen dos grandes empréstitos para construir ferrocarriles y obras públicas. Se intentó reducir los gastos fiscales y aumentar los impuestos. Para vigilar mejor la recaudación se instituye la contabilidad por partida doble.


Luego viene el gobierno de Pardo (1872-1876) y de Prado (1876-1879). Es en este último gobierno que se da la guerra con Chile, que se prolonga hasta 1884 y termina con el Tratado de Ancón. Para dar una idea de la inestabilidad política de la época, diremos que el Perú se ve envuelto en la dictadura de los Gutierrez y, durante la guerra con Chile, se da la división entre Piérola y el general Iglesias; entre Iglesias y Cáceres; y finalmente entre Piérola y Cáceres. Como complemento, tenemos que Prado marcha a Europa en busca de créditos al inicio de la guerra y no vuelve más (entonces se alza La Cotera y Piérola lo vence en diciembre del año 1879).

d) La Reconstrucción (1884-1900). 

La Guerra con Chile nos llevó al empobrecimiento y al desgaste de los civiles para gobernarnos, dando lugar a un nuevo brote de militarismo. Durante los años 1884 y 1885, continúan las disputas entre Iglesias y Cáceres terminando esta pugna con las elecciones de 1886, donde Cáceres es elegido presidente. A Cáceres le sucedió en 1890 Remigio Morales Bermúdez, pero en 1894 Cáceres toma el poder y Piérola se levanta en armas con las famosas montoneras. Esta nueva lucha se resuelve con las elecciones de 1895, siendo Piérola elegido presidente. Durante su gobierno, se hace una reforma tributaria para levantar el erario nacional. Para ello se reforma la recaudación y la administración fiscal.

En esta época se negocia el Contrato Grace, como una manera de enfrentar la deuda externa, entregándose en concesión la mina de Cerro de Pasco y la administración de los ferrocarriles. A pesar de los puntos en contra de este contrato, en su momento, significó un alivio para el país ante su creciente deuda externa.

Nicolás de Piérola, gobernó desde 1895 hasta 1899. Se le reconoce la honestidad en su política hacendaria, donde buscó que el país colmara sus necesidades con sus propios recursos, evitando los empréstitos y el aumento de los impuestos. Para este fin, creó la Compañía Recaudadora de Impuestos.


La política monetaria cambió el sol de plata por la libra de oro, introduciendo como unidad la libra peruana, con igual valor que la libra inglesa. Este sistema monetario de patrón de oro, perduró hasta la Primera Guerra Mundial. Surgieron grandes instituciones bancarias con aportes de capitales peruanos y extranjeros. Se creó el Banco del Perú y de Londres, el Banco Internacional del Perú y el Banco Popular del Perú.


Estimuló la formación de empresas industriales, comerciales y financieras, desarrollando la explotación petrolera y minera. Desde 1899, aparece el alumbrado público en nuestra capital y aumentan las líneas telegráficas. En esta época se da el boom del caucho lo que convierte en centro de interés, la hasta entonces olvidada amazonía. Además, se funda en 1898 la Escuela Militar de Chorrillos.

Llegamos al siglo XX con una armonía entre el país legal y el país real. Se comenzó a formar un Estado con mayores rendimientos, eficiente y sin corrupción, respetuoso de las normas y buen administrador de los recursos, desarrollándose la riqueza con que se inauguraría el siguiente siglo. Jorge Basadre señala que a pesar de la ceguera de la oligarquía y de los políticos que hicieron fracasar a este Estado en formación, la reconstrucción de nuestro país no debe dejar de ser relevado como un periodo importante.

1.2 Deuda externa

Nuestro inicio como República estuvo marcado económicamente por la deuda contraída, principalmente con Inglaterra, por la guerra de la Independencia. Dicha deuda era 1 200 000 libras esterlinas que fue aumentando al acumularse los intereses anuales del 6%.
Además, por los gastos que se generaron en las diversas campañas por parte de nuestros países vecinos, reconocimos deudas con la gran Colombia (que se mantuvo al separarse de ella Ecuador y Venezuela), con Chile y Estados Unidos.

La deuda con la Gran Colombia había sido generada por los gastos efectuados durante las campañas de la guerra de la Independencia. Dicha deuda se estimó en 5 500 000 de pesos, a lo que se añadía el millón obsequiado a Bolívar por el Congreso de 1825.

La deuda con Chile ascendía a 1 500 000 pesos en 1823, pero con los intereses, en el momento de su cancelación (1856) llegó a sumar 4 millones de pesos.

En cuanto a la deuda con Estados Unidos, su origen estaba en varias reclamaciones por secuestros y pérdidas en el intercambio comercial. El Congreso de 1849 le reconoció 300 mil pesos. La cancelación final fue hecha en 1853.

Para cubrir la deuda externa se echo mano a un quinto de la contribución general y otros impuestos a bienes suntuarios, pero que apenas lograban cubrir los intereses de la deuda. Sin embargo, con el auge del guano, toda la deuda pública quedó arreglada durante el gobierno de Echenique.

1.3 Deuda Interna

La deuda interna tenía su origen en la falta de pagos a servidores públicos, los suministros hechos a los ejércitos patriotas y préstamos voluntarios o forzados al gobierno de turno.
La bonanza fiscal a que dio lugar el auge del guano, hizo posible pagar a los perjudicados en las guerras de la Independencia y en las contiendas posteriores. Los interesados debían calificar sus deudas ante las autoridades designadas para el caso. Según la memoria del ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, en 1853 la Caja de Consolidación había reconocido hasta el 28 de julio de ese año 23 211 400 pesos en total. De los cuales, la deuda reconocida durante el gobierno de Echenique llegaba al monto de 19 154 200 pesos.

2. Estructura de la tributación en el siglo XIX.
Desde un primer momento, la Constitución de 1823 (la primera del Perú), define que es obligación del Poder Ejecutivo presentar el Presupuesto General de la República. Dicho Presupuesto se establecía de acuerdo a un cálculo previo de los egresos y fijando las contribuciones ordinarias, mientras se establecía una contribución única para todos los ciudadanos. Los impuestos en esta concepción estaban dados por la contribución personal, sin considerarse capitales, rentas ni la riqueza del contribuyente. 

En esta etapa, la finalidad de los impuestos era la de proveer el dinero necesario al Estado, para la defensa nacional, la conservación del orden público y la administración de sus diferentes servicios. Es recién con Piérola, a fines del siglo XIX, que el Estado asume, además de los fines mencionados otros de índole social, tales como la educación y la salud públicas (por ejemplo, los subsidios a la alimentación y el inicio de la construcción de las llamadas viviendas populares).

El Estado tuvo grandes dificultades para manejar la hacienda pública. Había un atraso proveniente del manejo colonial y no existían hombres preparados para llevarla a cabo. A ello se agrega que la recaudación de los fondos estaba en manos de los gobiernos locales, los cuales cobraban impuestos de los que ni el Congreso tenía conocimiento. A ello se agregaba la relajación moral que se originaba con el desorden administrativo. En los comienzos ni siquiera existió una oficina donde se concentre la cuenta de los ingresos y egresos del erario nacional.

En 1830 se intentó llevar una contabilidad doble, pero contó con la resistencia de las oficinas locales. Sin embargo, se aplicó de manera incompleta. Las contribuciones directas estuvieron reglamentadas desde 1826 y 1828; así como el rol de los prefectos, subprefectos y administraciones con sus obligaciones y tareas. Esta reglamentación fue oficialmente establecida en 1829. La oficina que centralizó la Administración Tributaria fue el Tribunal Mayor de Cuentas.

El Tribunal Mayor de Cuentas, institución tomada del Virreinato, era una oficina encargada del examen y juzgamiento de las cuentas que debían rendir todos los administradores de las rentas del Estado. Tenía una doble función; por un lado, dirigía la hacienda y llevaba el registro de los ingresos y egresos; por otro, se encargaba de juzgar las cuentas de las oficinas subalternas. Posteriormente funcionó la Contaduría General de Valores, pero la ley promulgada en 1840 restableció el Tribunal Mayor de Cuentas. 

Durante el primer gobierno de Ramón Castilla, se creó la Dirección General de Hacienda (1848). La finalidad de esta Dirección fue centralizar los resultados de la recaudación en las oficinas responsables. Además, estaba encargada de la redistribución de los recursos. Así, el Tribunal de Cuentas se convirtió en el ente fiscal y de juzgamiento de las cuentas y se dictó el reglamento que rigió al Tribunal hasta 1875.

Sin embargo, dada la pobreza del erario nacional se desarrolla un régimen fiscal que permite mejorar la situación del Perú al terminar la guerra con Chile. Así tenemos que el total recaudado para 1888 fue:

Productos de Aduanas
4'317,221.00
Contribuciones
1'159,638.08
Ferrocarriles
41,529.37
Correos
135,318.81
Telégrafos
21,716.40
Diversos
367,518.43
    
6'042,942.09

La distribución de esta recaudación fue la siguiente:
Rentas generales
4'966,230.93
Rentas departamentales 
1'076,711.16
   
6'042,942.09

Los pagos hechos ascendieron a las siguientes cifras (incluyendo los egresos departamentales):
Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas
 2'231,116.57
Ministerio de Relaciones Exteriores
 193,213.21
Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia
 648,840.12
Ministerio de Hacienda y Comercio
 1'141,914.68
Ministerio de Guerra y de Marina
 1'676,568.56

5'891,653.14

3. Principales impuestos de esta época.

Los tributos recaudados en este período pueden ser divididos en directos y indirectos. Los tributos directos, fueron los que afectaron a las personas, los predios, las industrias y las patentes. Los tributos indirectos, provenían en mayor parte de las aduanas. Otros tributos indirectos fueron los diezmos, los estancos y las alcabalas, entre otros. A continuación desarrollamos los principales.


3.1 Tributos directos. 
Los tributos directos afectaban a todos los ciudadanos de la naciente República, pero no de la misma manera. Se hacía diferencia entre la tributación indígena y la de castas, como veremos a continuación. Además, también estaban los tributos por predios, industrias y patentes.


a) Tributo indígena.

Aunque no es necesario explayarse, cabe recordar que el tributo indígena fue el tributo más importante de la organización fiscal en el erario virreinal. Con el levantamiento de Túpac Amaru sufrió un aumento luego fue abolido en 1808 y se volvió a implantar en 1815, como un castigo más por el levantamiento de Mateo Pumacahua.

En la época de la Independencia, el tributo indígena llegó a ser abolido otra vez, por decreto del 27 de agosto de 1821. Sin embargo, el decreto del 11 de agosto de 1826 lo restableció. Los indígenas estaban dispuestos a pagar el tributo, pero solicitaron que no se les cobrase ningún otro impuesto. En este último decreto, también se estipulaba la tributación de los demás peruanos, denominándose tributo de castas (lo trataremos más adelante).

La contribución indígena como promedio aportaba desde 5 hasta 9 pesos y los que no tenían tierras, desde 2.5 hasta 5.5 pesos. Sin embargo, el impuesto de castas se fijó en un promedio de 5 pesos anuales por individuo, además, del 4% sobre el producto neto de la propiedad, sea en capitales fijos, como predios rústicos y urbanos; sea en capitales circulantes en todo genero de industria. 

"En el Estado General de las contribuciones directas en 1847, que fue presentado entonces al Congreso, la de indígenas ascendía a 1'326,931 pesos, de los cuales 859,049 pesos correspondían a los aborígenes mencionados en primer lugar, y el resto a los no poseedores de tierras. El total de contribuciones directas ascendía a 1'569,084, según estos mismos cálculos." ( )

Cuando Bolívar toma el mando, decretó en 1825 nivelar a los indígenas con los demás ciudadanos en materia tributaria, ordenando pagar a todos la misma tasa impositiva. Ello fue ratificado por ley del 3 de noviembre de 1827. Pero tropezó con que en la nueva república, no se pensaba que todos eran ciudadanos; además, la idea de peruanidad o de peruanos estaba identificada netamente con el indígena. 

El tributo indígena recién fue abolido, de manera definitiva, durante el gobierno de Castilla en 1855.

b) Tributo de castas.

Como concepto, podemos decir que la contribución de castas abarcaba el tributo personal de los trabajadores y de los que tenían una renta anual. En 1842 se referían a este impuesto como obligados a cumplirla todos aquellos que no eran indígenas, siendo considerados como jornaleros y viéndose obligados a pagar al erario tres pesos y cuatro reales por año.

Sin embargo, la contribución de castas fue abolida por la Ley aprobada por el Congreso de Huancayo y promulgada el 25 de Setiembre de 1840. Las razones que sustentaron esta decisión fueron: 1) Se adujo que dicho tributo recaía sobre personas miserables, cuyos recursos apenas bastaban para sostenerse y que entonces nada podían aportar al Estado; 2) Se sostuvo que los indígenas, por lo menos tenían tierras, en cambio ellos ni siquiera eso tenían (cabe recordar que por esta época la tierra no tenía valor en sí misma, sino por su producción); y 3) Aquellos que poseían terrenos o bienes prediales sostenían que ya pagaban el impuesto predial y que entonces se les estaba duplicando la carga tributaria. De esa manera resultó que en la práctica sólo los indígenas pagaban la contribución personal. 

c) Predios.

El valor de los predios era asignado por su producto, no tenían valor en sí mismos. En un primer momento, todo tipo de predios (urbanos o rurales) debió contribuir anualmente con el 5% de la utilidad de su arrendamiento, pero luego se redujo a 3%. Ello fue decretado el 30 de marzo de 1825.

Hubo problemas para su recaudación y los predios rurales fueron exonerados en consideración de las tropelías de las que fueron objeto por parte de los montoneros. La ley de 1840 que abolió la contribución de castas, dispuso que los dueños de predios rústicos o urbanos que no poseyeran más de un fundo y cuya renta anual no excediera de cincuenta pesos, estuvieran libres del impuesto predial. Diversos decretos aumentaron o redujeron ligeramente estas cifras. 

Nuevamente el tributo indígena sostenía el erario mayoritariamente. Al respecto hubo muchos debates, sobre lo injusto que era esta situación.

d) Tributo de industrias y patentes.
Las otras contribuciones directas fueron las que se aplicaron a las industrias y las patentes (esta última es la que finalmente se mantuvo). El impuesto gravaba el 3% sobre el producto de la industria o capitales que se obtuvieran por su ejercicio. La recaudación de este tributo sólo fue posible en las capitales de departamento y ciudades cuya población así lo justificara (lo cual ya reducía su base tributaria).  La contribución de patentes estaba dirigida a aquellos que se dedicaban al comercio, al arte o a cualquier labor industriosa. Pero aquellos que pagaban el impuesto de castas, estaban exentos de ella.

3.2 Tributos indirectas.
Los tributos indirectos eran numerosos, pero sin duda el más importante era el que ingresaba por concepto de aduanas. Este impuesto sufría una serie de dificultades y trabas, principalmente, por el gran contrabando de la época, afectando notoriamente al erario.

En realidad, el impuesto que gravaba la importación de ciertos productos, que perjudicaban a la agricultura e industria nacional, ascendía al 80% en aranceles. Los demás productos eran gravados con el 30%. Las otros tributos indirectos eran herencia del virreinato.
A partir de 1840, el Estado comenzó a percibir la renta proveniente de la exportación del guano. Con este auge, se abolió la tributación tanto directa como indirecta. Entonces, el Perú fue el único país en el mundo que, prácticamente, basaba su ingreso en un sólo producto: el guano.

Para darnos una idea de la importancia del ingreso por aduanas, consideremos que el total recaudado en 1888 fue 6'042,942.09 pesos, de los cuales 4'317,221.000 eran ingresos por concepto de aduana.

  Fuente: www.e-gobiernosunat.net









2 Comentarios para "SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO EN EL SIGLO XIX"

  1. Anónimo dijo:

    por favor m epodrian ayudar en mi tarea pero con algo mas especificooo x favorr....necesito cual fue la situacion economica del peru (1884-1900) ayudenmeeee

    Anónimo dijo:

    Muy interesante, pero necesito instituciones que creó la corona española

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La Tributación en el Perú se rige por los principios de reserva de la ley, el de igualdad, respeto de los derechos fundamentales de la persona y la no confiscatoriedad.
La reserva de ley consiste en señalar, que sólo por ley se pueden crear, regular, modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el hecho imponible, la base imponible, la tasa etc.
El principio de igualdad, consiste en dar el mismo trato legal y administrativo a los contribuyentes que tienen similar capacidad contributiva.
El respeto a los derechos fundamentales, es un límite al ejercicio de la potestad tributaria para que esta sea legítima.
La no confiscatoriedad, consiste en no exceder la capacidad contributiva del contribuyente, es decir que defiende el derecho de propiedad, ya que no se puede utilizar la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes del contribuyente.
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